Hace tres años fue entregado al Consorcio Parques de San Andrés el contrato para la reestructuración del parque, reparación de los toboganes, equipos de bombeo, instalaciones hidráulicas y elementos de seguridad en las piscinas, el cual manifestaba que para el mes de febrero de 2016 se entregaría la obra completamente terminada, pero no es sino hasta 2018, y con motivo de celebrar el día del niño, que se hace la apertura del Sunrise Park. Sin embargo, el 20 abril de ese año se evidencia que el parque se encuentra de nuevo con sus puertas cerradas.
 
El GAP de la Universidad del Rosario decidió formular dos derechos de petición a la Gobernación de San Andrés, con el fin de dar continuidad a su labor de protección de los derechos de la comunidad y la defensa del medio ambiente, que ya había trabajando en el marco de una acción popular previa. En el primero, la Gobernación respondió que: “El parque se abriría de martes a viernes en las tardes y los fines de semana en jornadas de 10 de la mañana a 5 de la tarde”. Aun así el lugar no abrió sus puertas de nuevo. Es entonces cuando el GAP instaura un segundo derecho de petición y la respuesta que se obtiene indica que: “El parque se encontraba cerrado totalmente desde el 24 de noviembre de 2018 porque existían deterioros en las losas de la piscina infantil e inconvenientes con los filtros de la piscina grande”.
 
Para María Lucía Torres, Directora del Grupo de Acciones Públicas de la Universidad del Rosario, “la respuesta de la Gobernación de San Andrés resulta desconcertante teniendo en cuenta que no fue sino hasta el año pasado que el Consorcio Parques de San Andrés entregó el parque supuestamente reparado, dotado y listo para su funcionamiento y en menos de seis meses está presentado fallas en la estructura que ocasionan su cierre”.
 
Según el GAP el parque en este momento está siendo utilizado como depósito de contenedores de basura. A esto se suma que la construcción lleva una millonaria inversión en gastos bimensuales que ascienden a 47 millones de pesos. Se enviaron igualmente unos derechos de petición a la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República, ambas en su seccional San Andrés y las respuestas son igualmente desconcertantes.

"La presente ley tiene por objeto establecer un conjunto de medidas para la promoción, estímulo y protección del trabajo de los actores y actrices; dignificar el ejercicio de la actuación; fomentar la formación profesional; garantizar los derechos laborales y culturales de los actores y actrices en sus interpretaciones, su realización y su difusión, mediante el establecimiento de Condiciones de trabajo para los actores y actrices, profesionalización, promoción y fomento del trabajo para los actores".

La presente ley tiene por objeto establecer un marco jurídico especial para la minería tradicional y la pequeña minería en materia de legalización y formalización, así como de su financiamiento, bancarización, comercialización y el establecimiento de una normatividad especial en materia ambiental.

La presente ley rinde homenaje a la celebración de los 200 años de la Batalla de Pienta, librada el 4 de agosto de 1819 por los pobladores de los municipios de Charalá, Coromoro, Ocamonte y Encino en el departamento de Santander.

La presente ley modifica disposiciones de la ley 1176 de 2007 con respecto a la evaluación al uso y ejecución a los recursos del Sistema General de Participaciones para Agua Potable y Saneamiento Básico y Planes de Gestión de Agua Potable y Saneamiento Básico, los cuales serán revisados por departamentos con apoyo del Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio.

La presente ley tiene como fin establecer una importante modificación al Código Penal y adiciona el artículo 219C, disponiendo que las personas que hayan sido condenadas por la comisión de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales de una persona menor de 18 años serán inhabilitadas para el desempeño de cargos, oficios o profesiones que involucren una relación directa y habitual con menores de edad.

La presente ley pretende alinear los incentivos de los agentes y autoridades del sector de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), aumentar su certidumbre jurídica, simplificar y modernizar el marco institucional del sector, focalizar las inversiones para el cierre efectivo de la brecha digital y potenciar la vinculación del sector privado en el desarrollo de los proyectos asociados, así como aumentar la eficiencia en el pago de las contraprestaciones y cargas económicas de los agentes del sector.

La presente ley tiene como fin institucionalizar el día 18 de junio de cada año como la fecha en la que la Nación, a través del Ministerio del Interior, rinda honores y honre la memoria del ex presidente Julio Cesar Turbay Ayala, en actos públicos y con amplia difusión nacional.

La presente ley busca resaltar la labor realizada por los veteranos de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, mediante la determinación de honores y reconocimientos, concesión de beneficios para garantizar los derechos económicos, sociales y culturales a una población vulnerable, como la educación, transporte, empleo, beneficios en programas asistenciales, importación de vehículo y beneficios integrales.

La presente ley regula la práctica de tamizaje neonatal en cuanto a las funciones del programa, los laboratorios, deberes de los mismos, obligaciones especiales del Sistema General de Seguridad' Social en Salud, entre otras.